Consecuencias internas de Varennes: los fusilamientos del Champ-de-Mars (17 de julio de 1791)
Las consecuencias internas de Varennes fueron contradictorias: la huida del rey trajo consigo el auge del movimiento popular y democrático, pero el miedo del pueblo llevó a la burguesía a reforzar su poder y a mantener la monarquía.
El movimiento democrático se afirmó aún más que nunca al día siguiente de los acontecimientos de Varennes. “Henos al fin libres y sin rey”, declaraban los cordeleros, que el 21 de junio pedían a la Asamblea constituyente que proclamase la República o por lo menos que no decidiese sobre la suerte del rey sin haber consultado las Asambleas primarias. Aún más: la huida del rey constituyó un elemento decisivo para reforzar la conciencia nacional entre las masas populares. Les demostró la inteligencia de la monarquía con el extranjero y promovió en los más alejados rincones del país una emoción intensa. Se temía la invasión; los lugares fronterizos se pusieron espontáneamente en estado de defensa. La Asamblea consiguió 100.000 voluntarios para la guardia nacional. El reflejo, tanto social como nacional, se produjo como en 1789. En Varennes, los húsares, que debían proteger la huida del rey, se pasaron al pueblo al grito de “¡Viva la nación!”. Se desencadenó la reacción de defensa. El 22 de junio de 1791, por la tarde, hacia Sainte-Menehould, el conde de Dampierre, un señor de la región que llegó para saludar al rey Luis XVI a su paso, fue asesinado por los campesinos. En el miedo de 1791, el fervor nacional constituyó, sin duda alguna, un resorte casi tan poderoso como el odio social. La huida del rey parecía como la prueba de que la invasión era inminente; las masas populares se movilizaron, en el sentido militar de la palabra.
La burguesía constituyente conservó su sangre fría: temía los disturbios rurales tanto como a los movimientos populares urbanos (la ley de Le Chapelier había sido votada el 14 de junio de 1791). La Asamblea suspendió al rey y al veto y organizó a Francia como una república de hecho. Pero cortó deliberadamente el camino a la democracia. Creó la ficción del rapto del rey. Barnave dijo a los jacobinos el 21 de junio por la tarde: “La Constitución, he aquí nuestra guía; la Asamblea Nacional, he aquí nuestra flaqueza». Luis XVI quedó absuelto a pesar de las protestas de Robespierre. No se hizo proceso más que a los autores del rapto, a Bouillé, que, por su carta de 26 de junio de 1791 a la Asamblea, había reclamado toda la responsabilidad para sí, aunque había huido, y a algunos comparsas que fueron acusados el 15 y el 16 de julio. Barnave, en un discurso vehemente, el 15 de julio de 1791, planteó el verdadero problema:
“¿Vamos a terminar la Revolución o vamos a volverla a empezar…? Un paso de más sería un acto funesto y culpable; un paso más en la línea de la libertad sería la destrucción de la realeza; en la línea de la igualdad, la destrucción de la propiedad».
A pesar de la traición real y del peligro aristocrático, la burguesía constituyente creía que la nación continuaba siendo de los propietarios: para ella la Revolución estaba terminada.
Los fusilamientos del Champ-de-Mars (17 de julio de 1791) manifestaron las intenciones ocultas de la burguesía. El pueblo de París, levantado por los cordeleros y las sociedades fraternales, multiplicaba peticiones y manifestaciones. El 17 de julio de 1791, los cordeleros se reunieron en el Champ-de-Mars para firmar sobre el altar de la patria una petición republicana. Pretextando desórdenes, la Asamblea ordenó al alcalde de París que dispersase la concentración. La ley marcial fue proclamada; la guardia nacional, exclusivamente burguesa, invadió el Champ-de-Mars e hizo fuego sin advertencia previa alguna sobre la masa desarmada, dejando en el suelo cincuenta muertos. La represión que tuvo lugar a continuación fue brutal; se hicieron numerosos arrestos; diversos periódicos democráticos dejaron de aparecer; el club de los cordeleros se cerró; el partido demócrata, decapitado durante un momento; fue el terror tricolor.
Las consecuencias políticas fueron irremediables. El partido dividiose en dos grupos enemigos. El sector conservador de los jacobinos se había separado desde el 16 de julio de 1791 y fundado un nuevo club en el convento de los cistercienses. Mientras tanto, los demócratas, guiados por Robespierre, se acercaban de una manera más clara a los jacobinos. En especial, los constitucionales, fayettistas y lamethistas reunidos, reagrupados todos en los cistercienses, estaban dispuestos a entenderse con el rey y los negros para salvaguardar la obra comprometida y mantener la primacía política de la burguesía censataria. Así se esbozó una vez más la política de compromiso. Pero la aristocracia continuó irreductible.
La revisión de la Constitución no fue tan lejos como lo hubiera deseado el triunvirato, ahora dueño de la situación. Su carácter censatario no se agravó menos por ello. Se exigía a los electores que fuesen propietarios o dueños de un capital que se valoraba, según los casos, en 150, 200 ó 400 jornadas de trabajo. La guardia nacional quedó definitivamente organizada por la ley del 28 de julio de 1791, confirmada y modificada por la del 19 de septiembre siguiente. Sólo los ciudadanos activos tuvieron el derecho de tomar parte. Frente a la burguesía en armas, el pueblo estaba desarmado. El rey aceptó la Constitución revisada el 13 de septiembre de 1791; el 14 juró una vez más fidelidad a la nación. La burguesía constituyente también, una vez más, consideró terminada la Revolución.
