El primer conflicto entre el rey y la Asamblea (finales de 1791)
Las numerosas dificultades que la Asamblea constituyente aún no había resuelto y que había legado a la Asamblea legislativa llevaron a un conflicto entre el rey y la Asamblea, que no pudo liquidarse más que por vía constitucional. Las dificultades eran de todo orden.
Primero, dificultades económicas y sociales. En el otoño de 1791, las perturbaciones recomenzaron en las ciudades y en el campo. En las ciudades se debían, en primer lugar, a la desvalorización del asignado y al encarecimiento de las subsistencias, especialmente las mercancías coloniales, café y azúcar, consecuencia del levantamiento de los negros en Santo Domingo, mantenidos en esclavitud. Se produjeron desórdenes en París a finales de enero de 1792 en torno a las tiendas de coloniales, obligándoles la multitud a bajar el precio de las mercancías; las secciones parisienses empezaron a denunciar a los acaparadores. En los campos, el alza del precio del trigo, el mantenimiento de los réditos feudales hasta que se rescataban, promovían motines. A partir de noviembre de 1791 se produjeron por todas partes pillajes de convoyes de granos y en los mercados. Las municipalidades de la Beauce, bajo las presiones de los motines populares tasaron los granos y las mercancías de primera necesidad. En Etampes, el alcalde, Simoneau, un rico curtidor, se negó y fue asesinado el 3 de marzo de 1792; los cistercienses le convirtieron en un mártir. En el Centro y en el Mediodía los castillos de los emigrados fueron saqueados, incendiados, en marzo de 1792; las masas de campesinos reclamaban la supresión total del régimen feudal. Ante esta amenaza social, la Asamblea dudó y se dividió.
Además, las dificultades religiosas. El clero refractario continuaba su agitación y arrastraba a una parte de las masas católicas a la contrarrevolución. En agosto de 1791, los refractarios promovieron desórdenes en la Vendée; el 26 de febrero de 1792 contribuyeron a soliviantar a los campesinos de la Lozère contra los patriotas de Mende. En todas partes se afirmaba la unión de refractarios y de aristócratas. El 16 de octubre de 1791, los aristócratas fomentaron un levantamiento en Aviñón y mataron al secretario-escribano de la comuna, Lescuyer, jefe del partido avanzado. Los patriotas contestaron con el asesinato de la Glacière.
Y, en fin, las dificultades exteriores. Los emigrados que el conde de Provenza mantenía unidos multiplicaban las provocaciones: publicación de un manifiesto anunciando la invasión de Francia, ataques violentos contra la Asamblea, concentración de tropas a las órdenes del príncipe De Condé sobre el territorio del elector de Tréveris, en Coblenza. Las amenazas contra la Revolución se concretaban.
La política de la Asamblea, dudosa en el plano social, se afirmó de una manera más segura contra los enemigos de la Revolución.
En el plano social, la burguesía no presentaba la misma unanimidad que en 1789, cuando se armó para reprimir los levantamientos de los campesinos. La burguesía rica, asustada por la agitación social, se confundía cada vez más con la aristocracia; tendía a reconciliarse con la realeza. Pero la burguesía media había perdido desde Varennes toda la confianza del rey. Pensaba ante todo en sus propios intereses y sabía que no podría defenderlos sin el apoyo del pueblo. Sus dirigentes se esforzaron por prevenir toda escisión entre la burguesía y las clases populares. “La burguesía y pueblo reunidos hicieron la Revolución; su sola unión puede conservarla”, escribía Pation en una carta a Buzot el 6 de febrero de 1972. Couthon, diputado por Puy-de-Dôme, y que se hizo amigo de Robespierre, declaraba en la misma época que era necesario vincular el pueblo a la Revolución por medio de leyes justas y “asegurarse la fuerza moral del pueblo, más poderosa que la de los ejércitos”. Propuso el 29 de febrero de 1792 la abolición sin indemnización de todos los derechos feudales, salvo aquellos que los señores probaron presentando los títulos primitivos. Los cistercienses se opusieron al voto de esta medida. La guerra agravó las dificultades de la burguesía y con ello hacía posible la total liberación de los campesinos.
En el plano político, los brissotinos arrastraron a la Asamblea, gracias al apoyo de los fayettistas, a los que no asustaba la perspectiva de la guerra, ni tampoco enfrentarse con los enemigos de la Revolución. Se votaron cuatro decretos con vistas a los emigrados y refractarios. El decreto del 31 de octubre de 1791 concedía dos meses al conde de Provenza para volver a Francia, bajo pena de pérdida de sus derechos al trono. El decreto del 9 de noviembre hizo la misma notificación a los emigrados, bajo pena de ser considerados como sospechosos de conspiración y entonces las rentas de sus bienes serían requisadas en beneficio de la nación. El decreto del 29 de noviembre exigía a los sacerdotes “refractarios” un nuevo juramento cívico, dando a las administraciones locales la posibilidad de deportarles de sus domicilios en caso de motines. Por último, el decreto del 29 de noviembre invitaba al rey a
“exigir de los electores de Tréveris, de Maguncia y de otros príncipes del imperio que acojan a los franceses fugitivos y poner fin a las concentraciones y alistamientos que toleran en las fronteras”.
Con estas iniciativas, la Gironda excitó poco a poco el sentimiento nacional. Con ello pensaba coaccionar al rey y obligarle a que se pronunciase francamente en pro o en contra de la Revolución.
La política de la Corte tendía también hacia las soluciones extremas. En noviembre, la Corte hizo fracasar la candidatura de La Fayette en la alcaldía de París para reemplazar la dimisión de Bailly; el jacobino Pétion fue elegido el 16 de noviembre de 1791. El rey y la reina se felicitaron por el resultado. “Incluso por el exceso de mal -escribía María Antonieta el 25 de noviembre-, podremos sacar partido más pronto de lo que se piensa de todo esto». Era la peor política. Los decretos de noviembre y las iniciativas belicosas de los brissotinos llenaron de gozo a Luis XVI y a María Antonieta. Si bien el rey opuso su veto a las medidas contra los sacerdotes y los emigrados, sancionó el decreto concerniente a su hermano y también el que le invitaba a lanzar un ultimátum a los príncipes alemanes. La Asamblea llevaba su juego; al atacar a los príncipes, éstos entrarían en la guerra. Luis XVI y María Antonieta, excitando con una duplicidad sin igual a los adversarios unos contra otros, hacían la guerra inevitable. Recurrir al extranjero constituía para la monarquía el único medio de salvación.
