El proceso de Luis XVI (noviembre de 1792-enero de 1793)
Las divisiones de la Convención fueron aún mayores a causa del proceso de Luis XVI, que hizo que la lucha fuese implacable entre la Gironda y la Montaña.
El proceso de acusación del rey tardó mucho tiempo. La Gironda no demostraba prisa alguna. Su deseo secreto era dar largas al proceso. “Si le juzgan está muerto”, decía Danton. La Convención estaba obligada a declararlo culpable, so pena de condenar la jornada del 10 de agosto. Detenido el 16 de octubre de 1792, el Comité legislativo estudió detenidamente el procedimiento a seguir para el juicio. El 7 de noviembre, Mailhe presentaba un informe completo que terminaba diciendo que Luis XVI podía ser juzgado por la Convención. Se abrió el debate sobre este informe. Mientras que los jefes de la Gironda evitaban comprometerse, Saint-Just situó el debate en el terreno político, en su discurso del 13 de noviembre:
“Los mismos hombres que van a juzgar a Luis XVI tienen una república que fundar: quienes den alguna importancia al castigo justo de un rey no fundarán jamás una república… Para mi no hay término medio: este hombre debe reinar o morir… No se puede reinar inocentemente; la locura es demasiado evidente. Todo rey es un rebelde y un usurpador”.
Luis XVI no es un ciudadano ordinario, sino un enemigo, un extranjero. La Convención ha de juzgarle mejor que combatirle.
“Es el asesino de la Bastilla, de Nancy, del Champ-de-Mars, de Tournay, de las Tullerías. ¿Qué enemigo, qué extranjero os ha hecho más daño?”
Descubierto el 20 de noviembre de 1792 el armario de hierro, cajón secreto oculto en un muro del castillo por orden de Luis XVI, los documentos que contenía atestiguaban las relaciones secretas del rey con el enemigo. Fue imposible el aplazamiento del proceso. El 3 de diciembre Robespierre volvió sobre la tesis de Saint-Just.
“El rey no es acusado; no sois jueces. No tenéis que dar ninguna sentencia en pro o en contra de un hombre, sino tomar una medida de salud pública, ejercer un acto para el bien nacional”.
La condena del rey no podía sino afirmar a la República que nacía.
“Proponer llevar a cabo el proceso de Luis XVI de cualquier manera que sea es retroceder hacia el despotismo real y constitucional; es una idea contrarrevolucionaria, pues es colocar a la propia Revolución en litigio”.
A pesar de las maniobras de la Gironda, la Convención nombró el 6 de diciembre de 1792 a una comisión encargada de preparar “el acta que denunciase los crímenes de Luis Capeto”.
El proceso del rey empezó el 11 de diciembre de 1792 con la lectura del acta de acusación preparada por Lindet, una especie de historia en la que se sacaba a luz la duplicidad del Luis XVI en cualquiera de los momentos críticos de la Revolución. El 6 de diciembre, De Sèze, abogado del rey, dio lectura a una defensa elegante y concienzuda, sosteniendo la tesis de la inviolabilidad real, proclamada por la Constitución de 1791. Los girondinos, que no habían podido impedir el proceso, intentaron un nuevo procedimiento para salvar al rey: pidieron que se recurriese al pueblo. Vergniaud alegó que se había concedido al rey la inviolabilidad por la Constitución de 1791. Sólo el pueblo podía retirar a Luis XVI esa inviolabilidad, era olvidar el carácter censatario de la Constitución. Robespierre replicó el 28 de diciembre de 1792: denunció el peligro que sería para el país que se recurriese al pueblo y que se convocasen asambleas primarias. Sería “conmover inútilmente a la República”. Robespierre continuó su argumentación a principios de enero de 1793, en la Lettre à ses Commettants, “sobre la soberanía del pueblo y el sistema de apelación en el juicio de Luis Capeto”.
“El pueblo ya se ha pronunciado dos veces respecto a Luis: 1º, cuando tomó las armas para destronarlo, para echarlo; 2º, cuando os impuso el sagrado deber de condenarlo de una manera espectacular para la salvación de la patria y ejemplo del mundo… Exponer al Estado a esos peligros, en el momento crítico en que ha de nacer un Gobierno estando tan próximos los enemigos aliados contra nosotros, ¿qué es sino querer llevarnos de nuevo a la realeza por medio de la anarquía y la discordia?”
El juicio del rey fue sometido a deliberación el 14 de enero de 1793. Ese día la Convención estableció las tres preguntas a las cuales habían de responder los diputados.
“Luis Capeto, ¿es culpable de conspiración contra la libertad pública y de atentado contra la seguridad nacional? ¿Se recurrirá a la nación sobre la sentencia dictada? ¿Cuál será la pena impuesta a Luis?”
La culpabilidad fue pronunciada por voto unánime, salvo algunas abstenciones. El que se recurriese al pueblo fue rechazado por 426 votos contra 278. La Gironda quedó derrotada. La pena de muerte fue pronunciada por 387 diputados contra 334 en el curso de un escrutinio interminable por apelación nominal, que empezó el 16 de enero por la tarde y no se terminó hasta pasadas veinticuatro horas: 26 diputados votaron por la muerte con indulto. El 18 de enero se votó sobre el indulto; fue rechazado por 380 votos contra 310. Contra los girondinos, Barère alegó que el sobreseimiento prolongaría las disensiones interiores y debilitaría a la Revolución ante el enemigo exterior.
La ejecución del rey, el 21 de enero de 1793, causó una profunda impresión en el país y llenó a Europa de estupor. Tuvo lugar ese 21 de enero, a las once, en la plaza de la Revolución, en medio de un gran despliegue de fuerzas y de una gran concurrencia de gente. La víspera, el antiguo guardia de corps Pâris, había asesinado a un representante del pueblo, Lepeletier de Saint-Faugeau: un acto de desesperación aislado e impotente que no hizo sino confirmar a la mayoría de la Convención en su política, dando a la Revolución su primer “mártir de la libertad”.
La muerte del rey hería a la realeza en su prestigio tradicional y casi religioso: Luis XVI había sido ejecutado como un hombre ordinario. La monarquía estaba constituida por derecho divino. La Convención había quemado las naves detrás de ella. Europa desencadenó una guerra implacable contra los regicidas. El conflicto entre la Francia revolucionaria y la Europa del Antiguo Régimen, entre los girondinos que habían intentado todo para salvar al rey, y los montañeses llegó al paroxismo.
La ejecución de Luis XVI hacía imposible la política de espera que había llevado hasta entonces la Gironda. Mientras se desarrollaba el proceso no había cesado de aducir como argumento la política extranjera. “En nuestros debates -había declarado Brissot- no tenemos bastante en cuenta a Europa”. A lo que Robespierre replicó el 28 de diciembre de 1792: “La victoria decidirá si sois rebeldes o benefactores de la Humanidad”. Los girondinos intentaron encarnizadamente salvar al rey, creyendo que así disminuían el conflicto con Europa. De este modo, conscientes o no, se inclinaban hacia un compromiso con la aristocracia: actitud inconsecuente por parte de hombres que en noviembre habían predicado la guerra de propaganda. Con la muerte del rey, la Montaña no dejaba a la nación otra salida que la victoria.
“Ya nos hemos lanzado, escribía Lebas, diputado del Pas-de-Calais, el 20 de enero de 1793, los caminos se han cerrado tras de nosotros; hay que continuar, guste o no guste, y es precisamente ahora cuando podemos decir: vivir libres o morir”.
