La burguesía constituyente y la consolidación social
La Asamblea constituyente, frente a esta doble amenaza, endureció su política. La burguesía se asustaba tanto del progreso del movimiento popular como de los manejos de la contrarrevolución aristocrática. La popularidad de La Fayette y su influencia cerca del rey no resurgían. Mirabeau apareció durante algunos momentos en primer plano.
Mirabeau, que por decreto de 7 de noviembre de 1789 había sido separado del ministerio, había pasado al servicio de la Corte, que lo había comprado. Su primera memoria al rey es del 10 de mayo de 1790. Partidario de un poder real eficaz, se había esforzado por conceder al monarca el derecho de paz y de guerra. Aconsejó a Luis XVI un amplio plan de propaganda y de corrupción. Se trataba de crear un partido. Después el rey se iría de París, disolvería la Asamblea y haría una llamada a la nación. De este plan de conjunto, la Corte no conservó más que la corrupción que Talon, el intendente de la lista civil, desarrolló, multiplicando los agentes y los cómplices. El rey Luis XVI no tenía confianza en La Fayette ni la tuvo en Mirabeau. Su política no tuvo tiempo para fracasar: Mirabeau murió bruscamente el 2 de abril de 1791. Con él desaparecía de la escena revolucionaria uno de sus principales actores.
El triunvirato Barnave, Du Port, Lameth ocupó inmediatamente el lugar de Mirabeau. Alarmándose por el progreso que hacían los demócratas y la agitación popular, más que de los manejos aristocráticos, el triunvirato creía poder detener la Revolución. Con el dinero de la Corte lanzó un nuevo periódico, Le Logographe; acercándose a La Fayette, se inclinó hacia la derecha. Dominando la Asamblea, le impuso también la misma evolución. Los ciudadanos pasivos quedaron excluidos de la guardia nacional y se prohibieron las peticiones colectivas. La ley Le Chapelier fue votada el 14 de junio de 1791, prohibiendo las coaliciones y las huelgas. Este contexto político de reacción explica el comportamiento de la izquierda en esta ocasión. Robespierre se calló. Sin embargo, había defendido en todo momento, con cierta clarividencia y firmeza, los derechos del pueblo, y aun todavía los días 27 y 28 de abril de 1791, a partir del debate sobre la organización de la guardia nacional, escribía:
“¿Quién ha hecho nuestra gloriosa Revolución? ¿ Son los ricos, son los hombres poderosos? Sólo el pueblo podía desearla y hacerla. Por esta misma razón sólo el pueblo puede sostenerla».
El alcance social de la ley Le Chapelier escapó en cierta medida a Marat también. Sólo vio en ella una ley de reacción política, restrictiva del derecho de reunión y de petición
“Han quitado a la innumerable clase de trabajadores y obreros el derecho de reunirse para deliberar en regla sobre sus intereses, dice en L’Ami du peuple de 17 de junio de 1791. Sólo querían aislar a los ciudadanos, impidiéndoles que se ocuparan en común de los asuntos públicos».
La política de compromiso con la aristocracia esbozóse de nuevo. Por miedo a la democracia, los triunviros y La Fayette pretendían revisar la Constitución, aumentar el censo, reforzar los poderes del rey; pero esta política exigía el concurso de los “negros” y de los aristócratas, así como el acuerdo del rey. La resistencia de la aristocracia lo hizo imposible. La huida del rey demostró con toda brillantez su vacuidad.
