La insurrección del 10 de agosto de 1792
No sólo París, sino todo el país, se levantó contra la monarquía, culpable de pactar con el enemigo. La insurrección del 10 de agosto no fue obra únicamente del pueblo parisino, sino del pueblo francés, representado por los federados. Se puede decir que la revolución del 10 de agosto de 1792 fue nacional.
El movimiento patriota estaba en marcha; nada pudo detenerle. Los sectores parisinos que habían formado un comité central estaban en sesión permanente. Los ciudadanos pasivos se infiltraron: entraron en la guardia nacional, siendo al fin admitidos a formar parte de ella por decreto del 30 de julio. Ese mismo día la sección del Théâtre-Français instituía el sufragio universal en las asambleas generales. Cuarenta y siete secciones de cuarenta y ocho se pronunciaron por el destronamiento del rey.
Robespierre tomó la dirección del movimiento jacobino. Ya el 11 de julio había arengado a los federados: “Ciudadanos, ¿habéis venido a una vana ceremonia, la renovación de la Federación del 14 de julio?”
Bajo su inspiración fueron redactadas varias peticiones, cada vez más amenazadoras, que los federados presentaron a la Asamblea, reclamando el 17 (después el 23 de julio) el destronamiento del rey. Al ver que los girondinos negociaban de nuevo con la Corte, Robespierre renovó sus ataques contra ellos, denunciando el 29 de julio el juego concertado entre la Corte y los intrigantes del Legislativo, reclamando la disolución inmediata de la Asamblea y su sustitución por una Convención que reformaría la Constitución. El 25 de julio llegaron los federados bretones; los marselleses, el 30. Desfilaron por el arrabal San Antonio cantando el himno, que bien pronto tomaría su nombre. Por iniciativa de Robespierre, los federados formaron un directorio secreto.
El manifiesto de Brunswick, redactado en Coblenza, y que se conoció en París el 1 de agosto, inflamó a los patriotas. Desde los últimos días de julio la atmósfera de la capital se había exaltado. Se proclamaba en las calles que la patria estaba en peligro; los alistamientos para el ejército se llevaban a cabo en las plazas públicas con una ceremonia de una grandeza austera. Con la esperanza de asustar a los revolucionarios, María Antonieta había pedido a los soberanos una declaración amenazadora. Un emigrado la redactó, el duque de Brunswick la firmó. El manifiesto amenazaba de muerte a los guardias nacionales y a los vacilantes que se atreviesen a defenderse contra el invasor. Amenazaba al pueblo parisino, si hacía el menor ultraje a la familia real, con una venganza ejemplar y de recuerdo perenne, entrando a saco sin condiciones en París. El manifiesto de Brunswick tuvo un efecto contrario al que había creído la corte: exasperó al pueblo.
La insurrección, que no había estallado aún a fines de julio, se detuvo hasta que la petición de las secciones parisinas, que pedían el destronamiento del rey, hubiese sido presentada a la Asamblea legislativa. La sección de los Quince-Veinte, en el arrabal San Antonio, dio a la Asamblea hasta el 9 de agosto el último plazo. El Legislativo disolvióse ese día sin haberse pronunciado. Durante la noche se tocó a rebato. El arrabal de San Antonio invitó a las secciones parisinas a que enviasen al Ayuntamiento comisarios para que se instalasen al lado de la Comuna legal; después, la instituyeran. Así nació la Comuna rebelde Los arrabales se levantaron, y con los federados marcharon hacia las Tullerías, en donde la guardia nacional se había sublevado. A las ocho aparecieron primero los marselleses. Se los dejó penetrar en los patios del castillo. Los suizos abrieron entonces fuego y los rechazaron. Cuando llegaron a los arrabales, los federados, con su ayuda, volvieron a la ofensiva y entraron al asalto. Hacia las diez, y por orden del rey, los asediados cesaron el fuego.
Desde el comienzo de la insurrección, y a instancia de Roederer, procurador general síndico del departamento, adicto a los girondinos, el rey con su familia había abandonado el castillo para ponerse a salvo en la Asamblea que estaba al lado, en la sala de Manège. Mientras el resultado del combate era dudoso, la Asamblea trató a Luis XVI como rey. Cuando la victoria estaba de parte de los insurrectos pronunció no el destronamiento, sino la supresión del monarca y votó que se convocase una Convenció elegida por sufragio universal, como había propuesto Robespierre.
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El Trono había sido derrocado. Pero con él también el partido cisterciense, es decir la nobleza liberal y la alta burguesía, que había contribuido a que estallase la Revolución, y que después intentó, bajo la dirección de La Fayette, primero, después del triunvirato, dirigirla y moderarla. En cuanto al partido girondino, que se había comprometido con la Corte y que se había esforzado por detener la insurrección, no había salido engrandecido con una victoria que no era la suya. Los ciudadanos pasivos, al contrario, artesanos y comerciantes, arrastrados por Robespierre y los futuros montañeses, habían entrado con brillo en la escena política.
La insurrección del 10 de agosto de 1792 fue nacional en el sentido pleno del término. Los federados de los departamentos meridionales y bretones tuvieron un papel preponderante en la preparación y desarrollo de la jornada. Aún más: las barreras sociales y políticas que fragmentaban a la nación caían.
Una clase particular de ciudadanos, declara la sección parisina del Theâtre-Français el 30 de julio de 1792, no tiene facultad para arrogarse el derecho exclusivo de salvar a la patria.
Llamaba, por tanto, a los ciudadanos, aristocráticamente conocidos bajo el nombre de ciudadanos pasivos, para que sirvieran en la guardia nacional, para que deliberasen en las asambleas generales. En resumen, para que compartiesen el ejercicio de la parte de soberanía que pertenecía a su sección. El 30 de julio, la Asamblea legislativa consagró un estado de hecho cuando decretó la admisión de los pasivos en la guardia nacional.
“Mientras el peligro de la patria está en puertas, declara la sección de la Butte-Moulins, el soberano ha de estar en su puesto: a la cabeza de los ejércitos, a la cabeza de los negocios; ha de estar en todas partes”.
Con el sufragio universal y el armamento de los ciudadanos pasivos, esta segunda revolución integró al pueblo en la nación y marcó el advenimiento de la política democrática. Al mismo tiempo se acentuaba el carácter social de la nueva realidad nacional. Después de vanas tentativas, los antiguos partidarios del compromiso con la aristocracia se eliminaron de por sí: Dietrich intentó levantar a Estrasburgo; después huyó el 19 de agosto de 1792. La Fayette, abandonado por sus tropas, se pasó a los austríacos. Pero aún más: la entrada en escena de los desarrapados (sans-culotterie) arrancaba a la nueva realidad nacional una fracción de la burguesía. Las resistencias se afirmaban ya contra esta república democrática y popular que anunciaba la segunda revolución del 10 de agosto.
