La reforma fiscal

La reforma fiscal
Los principios generales de la refundición de las instituciones por la burguesía constituyente presidieron incluso la reforma fiscal, uno de los puntos esenciales de los cuadernos de quejas. La igualdad de todos ante el impuesto convertido en contribución. Racionalización del reparto igual para todo el país, proporcionalmente a los recursos, personal y anual. El sistema fiscal de la Asamblea constituyente suponía un alivio para la masa de contribuyentes. Los impuestos indirectos quedaban suprimidos, salvo los derechos de registro, necesarios para el establecimiento de las contribuciones territoriales y mobiliarias, y las del timbre y aduana.
Al nuevo sistema de contribución correspondían tres grandes impuestos directos. La contribución territorial, instituida el 23 de noviembre de 1790, recaía en la renta de la tierra. Según el principio de los fisiócratas, era el impuesto principal. Pero el reparto de la contribución territorial hubiera exigido el establecimiento de un catastro nacional, que hubiese permitido hacer una perfecta igualdad fiscal, es decir, un reparto equitativo de las cargas entre los departamentos, las comunas y los contribuyentes. La Asamblea se contentó con fijar la cifra exigida en cada departamento, según la suma de los antiguos impuestos, estableciéndose las matrices comunales según las declaraciones de los contribuyentes. La contribución mobiliaria establecida el 13 de enero de 1791, recaía sobre la renta testimoniada por el alquiler, o según el valor rentable de la habitación: la ley preveía los descargos por cargas de familia y una sobretasa para los solteros. La patente, instituida el 2 de marzo de 1791, recaía sobre las rentas de comercio y de industria. El reparto de esas diversas contribuciones, en manos de los municipios, provocó sinsabores. Generalmente no poseían ni los medios ni siquiera el deseo de llevar a cabo esta tarea ingrata. El expediente que consistía en establecer el reparto sobre la base de los antiguos vigésimos con correcciones provocó vivos descontentos. Se vio particularmente que la contribución mobiliaria pesaba sobre los campesinos y era moderada para la burguesía urbana. Ante las recriminaciones y la lentitud del reparto, la Asamblea constituyente nombró en junio de 1791 a los comisarios encargados de secundar a las comunas.
El nuevo sistema de contribución agravó estos inconvenientes. Las municipalidades quedaron encargadas de percibir el impuesto; la ley no establecía administración financiera especializada. Un recaudador que había sido elegido, centralizaba todos los fondos en el distrito, mientras que en el departamento un pagador general satisfacía los gastos por orden de la Tesorería nacional. En la cumbre, la Tesorería nacional, constituida por seis comisarios nombrados por el rey, organizada en marzo de 1791, ordenaba los gastos de los ministerios.
Esta organización fiscal, sencilla y coherente, se mantuvo en líneas generales durante todo el siglo XIX. Pero en un futuro inmediato contribuyó a que se agravase la crisis financiera. La puesta en marcha del nuevo sistema exigía tiempo: los antiguos impuestos desaparecieron el 1 de enero de 1791, cuando la contribución territorial acababa de ser instituida, aunque la contribución mobiliaria y la patente no lo habían sido aún. La contribución patriótica de la cuarta parte de la renta, establecida el 6 de octubre de 1789, no podía tampoco proporcionar las recaudaciones sin que transcurriese tiempo. Los empréstitos lanzados por Necker (30 millones a un 4,5 por 100 el 9 de agosto, y 80 millones a un 5 por 100, el 27 de agosto de 1789), habían fracasado. Las cargas del Estado aumentaban por el reembolso de los préstamos del clero, las cargas venales y las fianzas de los funcionarios, las pensiones eclesiásticas y el mantenimiento del culto. El Tesoro continuaba vacío. El Estado vivía al día de los adelantos de la Caja de descuento.
La crisis financiera impuso a la Asamblea constituyente dos de las medidas esenciales que profundizaron la revolución social: la amortización de los bienes del clero y la creación de un papel moneda llamado asignado.