Luis XVI, la Constituyente y Europa
La política de Luis XVI tenía el mismo fin que los deseos de la aristocracia europea. Secretamente suplicaba a los reyes que interviniesen. Los emigrados se agitaban en este sentido: el conde de Artois reclamaba en Madrid una intervención militar que mantuviese las insurrecciones que habían sido fomentadas en el Mediodía. Calonne, ministro de la emigración desde noviembre de 1790, contaba con Prusia; el ejército del príncipe de Condé, organizado en Coblenza, abriría el camino a las tropas extranjeras; el Antiguo Régimen quedaría establecido. Luis XVI no había aceptado la Revolución más que en apariencia. A partir de noviembre de 1789 había presentado al rey Carlos IV de España una protesta contra las concesiones que le habían sido impuestas. A finales de 1790 decidió huir y encargó al marqués de Bouillé, el carnicero de Nancy, comandante de Metz, que tomase las medidas pertinentes para asegurar su huida. Su plan consistía en pedir a las potencias europeas que rindiesen la Asamblea, revisasen sus decretos y que apoyasen su intervención por medio de una demostración militar en la frontera.
La actitud de los reyes, a pesar de su hostilidad general a la Revolución, fue muy diversa. Catalina II de Rusia animóse en apariencia con la idea de una cruzada contrarrevolucionaria: “Destruir la anarquía francesa era prepararse una gloria inmortal». Gustavo III de Suecia estaba dispuesto a dirigir la coalición; se instaló en la primavera de 1791 en Aix-la-Chapelle; el rey de Prusia, Federico-Guillermo II y Víctor Amadeo III, rey de Cerdeña, estaban también dispuestos. El emperador Leopoldo II se mostraba más prudente, y lo mismo el gobierno inglés. Los reyes estaban sobre todo divididos por sus rivalidades y sus ambiciones territoriales; nada podían hacer sin el emperador, jefe designado por la coalición. Pero Leopoldo no era fundamentalmente hostil a las reformas constitucionales; no estaba molesto porque la autoridad del rey de Francia se hubiese debilitado. Tenía bastantes preocupaciones en sus propios Estados y en sus fronteras orientales.
La política exterior de la Asamblea constituyente quedó dominada por conflictos de orden jurídico y de orden territorial, enfrentando a los reyes y a la Revolución.
El problema de los príncipes con posesiones en Alsacia provenía de la abolición de los derechos feudales: un número de príncipes alemanes que tenían sus dominios en Alsacia se consideraron lesionados y protestaron ante la Dieta germánica contra las decisiones de la Asamblea.
El problema de Aviñón contribuyó a levantar al Papa contra Francia. Aviñón y el Comtat-Venaissin se enfrentaron contra la autoridad pontificia, aboliendo el Antiguo Régimen; el 12 de junio de 1790, Aviñón votó su anexión a Francia. Los constituyentes dudaron y dejaron que continuase el problema. El 24 de agosto, el problema se discutía. Los constituyentes evitaron dar al Papa nuevas quejas contra Francia. Las conclusiones de Tronchet se adoptaron. El rey tenía que tomar la iniciativa en cuestiones diplomáticas. La petición de los aviñonenses le fue remitida. La Asamblea no quería que un voto intempestivo dañase las negociaciones en curso a propósito de la Constitución civil del clero.
Se afirmaba un nuevo derecho público internacional, que provenía de los principios de 1789. El 22 de mayo de 1789, la Asamblea constituyente había repudiado solemnemente el derecho de conquista: la voluntad de los hombres libremente expresada constituye por sí sola a las naciones. En noviembre de 1790 declaraba a los príncipes alemanes que Alsacia era francesa no por derecho de conquista, sino por voluntad de sus habitantes, como lo había manifestado con su participación en la Federación de 14 de julio de 1790. Merlin de Douai, al intentar definir los principios del nuevo Derecho Internacional, opuso, en efecto, el 28 de octubre de 1790 al Estado dinástico la nación como asociación voluntaria:
“No existe entre ustedes y vuestros hermanos de Alsacia otro título legítimo de unión que el pacto social formado el año pasado entre todos los franceses antiguos y modernos en esta misma Asamblea”
Alusión directa a la decisión del Tercer Estado, el 17 de junio de 1789, de proclamarse Asamblea Nacional y a la de la Asamblea, que el 9 de julio siguiente se declaraba constituyente. Se planteó un solo problema “infinitamente sencillo”: el de saber
“si el pueblo alsaciano debe la ventaja de ser francés a los pergaminos y diplomas… ¿Qué le importa al pueblo de Alsacia, qué le importan al pueblo francés las convenciones, que en tiempos del despotismo tenían por objeto unir al primero con el segundo? El pueblo alsaciano se ha unido al pueblo francés porque ha querido. Es, pues, sólo su voluntad y no el Tratado de Munster lo que ha legitimado su unión».
Esta voluntad la habría manifestado Alsacia con su participación en la Federación de 14 de julio de 1790.
En mayo de 1791 la Asamblea decidió, pues el Papa ya había condenado la Constitución civil del clero, que se ocupase Aviñón y el Condado para consultar a la población. La unión fue decidida el 14 de septiembre de 1791. A ojos de los soberanos, el nuevo Derecho Público Internacional volvía a proclamar, en beneficio de la nación revolucionaria, el derecho de anexionarse los pueblos que lo deseasen. La diplomacia del Antiguo Régimen quedó descartada.
La Asamblea, no obstante, rechazaba una guerra que haría el juego a la Corte. Ofreció una indemnización a los príncipes alemanes, que Luis XVI les aconsejó que rechazasen inmediatamente. Retrasó lo más posible la anexión de Aviñón. Esta política de paz se practicó tanto más fácilmente, ya que Prusia, Austria y Rusia estaban preocupadas por la cuestión polaca. Leopoldo se dio cuenta de que Federico Guillermo, así como Catalina, intentaban llevar a cabo una intervención militar en Francia con la esperanza de arreglar en beneficio suyo la cuestión polaca mientras aquélla estuviese ocupada en el Oeste; prefirió abstenerse. La política de paz de la Asamblea quedó interrumpida por la huida del rey, y Leopoldo II no tuvo otro remedio que intervenir en los asuntos franceses.
